Desde los días del triunfo presidencial de Avellaneda la provincia de San Juan era gobernada por los autonomistas. Pero en 1882 se produjo una división partidaria: un grupo encabezado por el Coronel Agustín Gómez, ex Gobernador y guerrero del Paraguay, por entonces Senador nacional, apoyaba a Dardo Rocha en el orden nacional; y otro, adversario de aquél, aparecía encabezado por el Senador nacional Rafael IGarzábal.

En Enero de 1884, con apoyo político de Agustín Gómez, se impone como Gobernador de la provincia Carlos Doncel. Y sus adversarios entran a conspirar contra el mandatario electo. Se movilizan y recurren a los buenos oficios del Teniente coronel Sebastián Elizondo, antiguo jefe de Felipe Varela que se destacó en Pozo de Vargas. la revolución contra el sector autonomista de Gómez y Doncel estalla el 4 de Febrero de 1884. A las 9 de la noche una partida de más de 30 hombres, con Elizondo al frente, asalta la casa del Senador provincial Vicente C. Mallea, donde en esos momentos se hallan Gómez, el Gobernador saliente, Anacleto Gil, y Carlos Doncel. El Coronel Gómez trata de huir por los fondos, pero es ultimado de siete balazos, mientras Gil cae malherido en la calle y Doncel recibe una herida leve. los revoltosos asaltan luego el cuartel de Policía, pero, al fracasar en el ataque, se dispersan. Perseguidos por fuerzas gubernistas resultan muertos muchos de ellos, incluyendo a Elizondo.

En el Senado de la Nación se reclama la intervención a San Juan y se levantan unánimes protestas contra los asesinatos. El domingo 17 de Febrero se realiza un gran mitín en el teatro Nacional, para condenar los hechos de San Juan. Entre los invitantes a la reunión de Buenos Aires figuran Carlos Guido Spano, David Peña y José y Rafael Hernández.

Algunos contemporáneos de los sucesos (entre ellos, Jorge Brown Arnold, secretario de Bernardo de Irigoyen) acusaron a Roca de responsabilidad, a través de su Senador Igarzábal, en el asesinato del Coronel Gómez. Lo cierto es que el 3 de Abril de 1884 el Presidente de la República, en acuerdo de gabinete, resolvió no intervenir la provincia de San Juan, donde prácticamente no había garantías ciudadanas.